Un pasado modesto, un presente bajo sospecha. Así se describe la historia de Edgar Mora Durán, un hombre que pasó de reportar salarios agrícolas de ¢231.000 a figurar como líder de una red de lavado de dinero con más de 300 kioscos de lotería en todo Costa Rica. Su caso, hoy investigado bajo el expediente judicial denominado Caso Tómbola, ha sacudido los cimientos de instituciones públicas y destapado una compleja red de legitimación de capitales con aparentes vínculos familiares con el narcotráfico.
De Alajuelita a Guatuso: el nacimiento de un imperio
Mora, hoy de 45 años, es originario de Concepción de Alajuelita, pero fue en Guatuso donde consolidó su emporio. Aunque inició como vendedor oficial de la Junta de Protección Social (JPS) en 2010, su primera gran jugada fue una inversión inicial de ¢20 millones, monto que levantó sospechas entre los investigadores, dado que hasta entonces su historial mostraba ingresos mensuales mínimos obtenidos en trabajos de cría de animales y labores agrícolas.
Una red legal… y otra clandestina
El esquema era aparentemente sencillo pero sumamente rentable: combinaba puestos legales de lotería con kioscos clandestinos, donde se vendían juegos sin regulación. Parte del dinero ilícito generado se “blanqueaba” al canalizarlo como ganancias de los puestos oficiales registrados ante la JPS. Con el paso del tiempo, esta operación creció de forma alarmante hasta abarcar kioscos en zonas como San Carlos, La Fortuna, Los Chiles, San José y Guanacaste, con especial concentración en Guatuso, donde se contabilizan al menos 80 puntos de venta.
Funcionarios públicos entre los colaboradores
Una parte clave del engranaje fue, según la investigación, la colaboración interna desde la Junta de Protección Social. Un funcionario de la institución habría facilitado la tramitología y los accesos tecnológicos para registrar los kioscos, lo que permitió expandir el negocio sin mayores obstáculos. Este funcionario ya figura como imputado en el expediente penal.
Además, la Fiscalía ha vinculado a otros empleados públicos de instituciones como el Banco Nacional, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Guatuso, quienes habrían contribuido a dar apariencia de legalidad a las operaciones de Mora y su red.
Expansión, lujos y nuevos giros comerciales
Con el flujo de dinero en crecimiento constante, la organización comenzó a diversificar sus operaciones. Ventas de vehículos de lujo, licorerías, librerías e incluso un taller para fabricar sus propios kioscos con logos de la JPS formaban parte del portafolio del grupo. Se estima que entre 2021 y 2022, Mora aumentó su patrimonio en más de ₡1.000 millones, un crecimiento que llamó la atención de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ.
El peso del entorno familiar
El expediente también menciona antecedentes familiares. Su madre y un hermano fueron detenidos en Nicaragua en 2015 por tráfico de drogas, y tras quedar libres, retornaron a Costa Rica, aparentemente para integrarse al negocio familiar. Otro pariente, Durán Cubero, alias “Beto Panadero”, es señalado por la policía con historial por delitos de narcotráfico y robo de vehículos, y aún reside en Alajuelita.
El despliegue judicial
La Fiscalía de Legitimación de Capitales ha solicitado la inmovilización de 70 propiedades valoradas en aproximadamente ₡650 millones, así como la anotación de 71 vehículos, la mayoría de alta gama, con un valor total estimado de ₡740 millones. Estas propiedades fueron inscritas en al menos 24 sociedades anónimas, utilizadas como pantalla por los implicados.
El “Zar de la Lotería”, como le apodaban con recelo en la comunidad, no solo dirigía un esquema complejo de lavado de activos, sino que transformó su figura pública en la de un empresario próspero y benefactor local. Hoy, ese velo ha comenzado a caer.
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